COLONIZACIÓN DE LA JUSTICIA
A menos de cinco meses de terminar el mandato, Alberto Rodríguez Saá quiere nombrar otros 17 fiscales y defensores adjuntos
Varios formaron parte del escandaloso proceso de designación transitoria en el sistema judicial de funcionarios del Gobierno, asesores y amigos del poder. Desde Unidos por San Luis adelantaron cuestionamientos a la intención del gobernador de que el Senado los designe en forma definitiva.
Antes dejar el Gobierno, Alberto Rodríguez Saá se propone también poblar el Poder Judicial de magistrados y funcionarios que no le resulten desconocidos.
En la sesión de este martes del Senado, ingresaron 10 notas del Poder Ejecutivo en donde propone que presten acuerdo para la designación de 17 fiscales y defensores adjuntos para cumplir funciones en las tres circunscripciones judiciales.
La mayoría de los postulantes integran la nómina que generó un escándalo en la provincia porque venían desempeñándose como funcionarios del Ejecutivo provincial, asesores y amigos del poder. Allí está por ejemplo la ex presidenta del Consejo provincial del Partido Justicialista albertista y diputada hasta 2021, Eva Morel.
Rodríguez Saá envió los pliegos al Senado a menos de cinco meses de terminar su mandato.
En concreto, la nómina incluye a Dana Bertoli, María Laura Fornero, María Pringles Medeot y Noelia de los Ángeles Páez en el cargo de defensoras Adjunto de la Segunda Circunscripción Judicial; María Luz Vílchez Vilches como defensora Adjunto de la Tercera Circunscripción; Paula Romagnoli y Francisco Assat Ali para fiscales Adjunto de la Primera Circunscripción (San Luis y zonas aledañas); Cecilia Framini como fiscal Adjunta de la Segunda Circunscripción (Justo Daract y zonas aledañas); y Sandra Aguirre como fiscal Adjunto de la Tercera Circunscripción (Merlo y zonas aledañas).
También impulsó a Marcelo Palacio y Laura Parisi como fiscales Adjunto de la Segunda Circunscripción (Villa Mercedes y zonas aledañas); Jorge Lede Zajic, Diego González Zunino y María Eva Morel como defensores Adjunto de la Primera Circunscripción; Adriana Cangelosi como fiscal Adjunto de la Tercera Circunscripción (Concarán o Santa Rosa); Andrea Court como fiscal Adjunto de la Segunda Circunscripción (Buena Esperanza o Nueva Galia); y Marisol Boschi como fiscal Adjunto de la Primera Circunscripción (La Toma y zonas aledañas).
El gobernador, Alberto Rodríguez Saá.
Varios de los nominados no se sometieron a las audiencias de evaluación técnica el año pasado que realiza el Consejo de la Magistratura y fueron designados en los cargos para cumplir funciones de forma provisoria.
Otros directamente fueron bochados en los exámenes al ser considerados "no recomendables". Tales son los casos de Bertoli, Aguirre, Boschi, Fornero, Framini, Palacio Fernández, Romagnoli y Vílchez Vilches.
El bochornoso proceso mereció impugnaciones y cuestionamientos. El ahora gobernador electo, Claudio Poggi pidió en ese momento al Superior de Justicia que no les tomara juramento. El bloque de Senadores de Unidos por San Luis rechazó los pliegos y los colegios de abogados formularon objeciones a la nominación.
A pesar de todas las críticas y observaciones, el Gobierno siguió adelante con la colonización del sistema judicial a través de funcionarios y asesores de Terrazas del Portezuelo puestos a dedo sin respetar el ordenamiento de selección de ese poder del Estado. La mayoría en la Cámara Alta le permitió avanzar con el plan de “fiscales militantes”.
Los pliegos tomaron estado legislativo en la sesión de hoy y la semana que viene los senadores fijarán fecha de la audiencia pública para oficializar el nombramiento.
La idea de Rodríguez Saá es que el Senado preste acuerdo a los pliegos de la designación definitiva a esos fiscales que de alguna manera forman parte de su proyecto político. Así está minando el sistema judicial hacia adelante.
El senador de Unidos por San Luis, Sergio Guardia hizo alusión a las postulaciones cuando habló de la educación en San Luis y rememoró un curso de turismo donde un profesor les dijo “este es el famoso cumplimiento, cumplo pero miento”.
“Tenemos 180 días para designar a los fiscales después que se promulgó el Código Penal. Tuvimos todo el año pasado para eso, hacer las redistribuciones y no se hicieron. Y nos encontramos con 17 cargos a designar en las sesiones, tenemos tres días para tomarles a cada uno. Es decir, cumplimos como senadores, pero se miente en la idoneidad de los mismos”, cuestionó.